Para que te cubran el cuidado, primero tenés que demostrar que estás enferma

Una mujer tiene 93 años, Certificado Único de Discapacidad y dificultades para caminar y moverse. Su médica indica que necesita una cuidadora durante doce horas diarias. La empresa de medicina prepaga rechaza el pedido y cuando el caso llega a la Justicia argumenta, entre otras cosas, que no está demostrado que su núcleo familiar no pueda contenerla. En otro expediente, la obra social sostiene que el hombre tiene una familia —hija y hermano— que debe contenerlo y asistirlo, y agrega que la hija tendría ingresos suficientes para hacerse cargo. Los jueces leen certificados, ingresos, historias clínicas, composiciones familiares. En algún punto del expediente, una pregunta bastante íntima se convierte en una categoría jurídica: quién puede cuidar a quién.

Según el INDEC, el 31,4 por ciento de las mujeres realiza tareas de cuidado en el hogar, con un promedio diario de más de seis horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace muchos años nos tocó pelear por jardines maternales, guarderías, apoyo estatal y de las empresas para poder cuidar a nuestros hijos mientras trabajábamos. Esa pelea fue larga, incompleta y todavía tiene deudas. Pero alrededor de una tarea que alguna vez había sido considerada estrictamente privada se construyó un entramado de familia, Estado, sindicatos, empresas y comunidad. La familia no dejó de cuidar a los chicos. Aparecieron más actores.

Hoy empieza otra pelea parecida. Con los adultos mayores, ese entramado recién toma forma. Y mientras no existe, las familias están resolviendo el problema solas, con lo que tienen, o descubriendo que la única puerta disponible es la judicial.

Para que el sistema pague una cuidadora, hay que demostrar que quien la necesita está enferma o tiene una discapacidad. Eso significa tramitar un Certificado Único de Discapacidad, conseguir que el médico indique internación domiciliaria o asistencia terapéutica, reunir historia clínica, describir en detalle lo que la persona ya no puede hacer. Y muchas veces, cuando la respuesta no llega, presentar un amparo judicial. No están inventando la necesidad. Están aprendiendo qué nombre darle para que el sistema pueda verla.

Ahí está el nudo. Durante años, especialistas en longevidad intentaron desmontar la idea de que vejez y enfermedad son sinónimos. Sin embargo, para conseguir que alguien financie determinados cuidados, muchas familias necesitan demostrar exactamente lo contrario: que la dificultad cotidiana puede ser traducida como discapacidad o prestación sanitaria. El cuidado encuentra una puerta cuando consigue hablar el idioma de la enfermedad.

Preparar la cena no es un acto médico. Evitar que una mujer con dificultades de movilidad se caíga cuando va al baño puede ser decisivo para su salud. Acompañarla a caminar tampoco es un tratamiento. Dejar de caminar porque no tiene quién salga con ella puede terminar siéndolo.

La población de 60 años y más pasará de 7,1 millones en 2020 a 12,5 millones en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley 24.901 estableció en 2009 la asistencia domiciliaria para personas con discapacidad con un objetivo que hoy resulta especialmente contemporáneo: favorecer la vida autónoma y evitar la institucionalización. Es una de las puertas legales por las que ingresan muchos reclamos. El problema es que la arquitectura financiera del sistema nunca terminó de construir una prestación homogénea para sostener esa promesa. Y en ese vacío se acumularon los expedientes.

Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 7.523 causas en la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. De ellas, 4.990 fueron amparos de salud: el 66 por ciento de todos los expedientes iniciados. Más de siete de cada diez nuevas causas del fuero estuvieron vinculadas con conflictos por prestaciones sanitarias. Las familias están llegando a los tribunales no porque hayan descubierto la litigación como vocación sino porque no encuentran otra puerta.

Los tribunales resuelven con las herramientas que tienen. Cuando no existe tarifa específica para un cuidador, toman como referencia el módulo de hogar permanente con centro de día del nomenclador de discapacidad. La paradoja cabe entera en ese mecanismo: para ponerle precio a permanecer en casa, el sistema necesita mirar cuánto cuesta vivir en una institución. La ley dice que el objetivo es evitar la institucionalización. El único cálculo disponible usa el precio de una institución.

En Neuquén, una afiliada de 64 años con discapacidad visual explicó ante la Justicia que carece de lazos afectivos que puedan asistirla. Había pedido ayuda en abril de 2025. Sin respuesta, en junio fue a la Defensoría Federal. En septiembre llegó con un amparo al juzgado. Entre la primera vez que pidió ayuda y la primera vez que un juez pudo escucharla habían pasado cinco meses.

Ese caso muestra el límite más evidente del sistema: qué pasa cuando no hay familia. Pero el problema no termina ahí. Una hija de 68 años puede estar cuidando hoy a una madre de 94. La longevidad produjo algo que antes era demográficamente mucho menos frecuente: personas mayores cuidando a personas todavía más mayores. Y esas personas siguen siendo, sobre todo, mujeres. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC encontró que el 31,4 por ciento de las mujeres realiza tareas de cuidado dentro del hogar, contra el 20,3 por ciento de los varones. Entre quienes cuidan, ellas dedican en promedio seis horas y siete minutos por día; ellos, tres horas y media.

Un estudio del BID estimó que ya en 2020 alrededor de 1,6 millones de personas mayores en Argentina necesitaban algún grado de ayuda para realizar actividades básicas. La población de 60 años y más pasará de 7,1 millones en 2020 a 12,5 millones en 2050. Ese universo va a crecer mientras el sistema sigue preguntando si hay una hija disponible.

Alrededor del vacío ya se formó una especialidad jurídica. Estudios de abogados anuncian servicios para obtener cuidador domiciliario e internación domiciliaria. Explican qué documentos reunir, cómo debe estar formulada la indicación médica y cuándo ir a un juez. Todo laberinto termina generando sus propios guías. Y ese conocimiento que circula por fuera de las instituciones introduce una desigualdad que no figura en ningún nomenclador: dos mujeres de 88 años pueden necesitar exactamente la misma ayuda. Una conoce el sistema y logra una cautelar. La otra paga de su jubilación porque nadie le dijo que podía reclamar.

La discusión no puede resolverse simplemente trasladando todo el cuidado a las obras sociales y prepagas. Ellas plantean en los expedientes una pregunta que no es absurda: dónde termina la prestación de salud y empieza una necesidad social. Tampoco es posible devolver la respuesta completa a la familia y asumir que aparecerá una hija disponible. Las cuidadoras son carísimas para las familias que las pagan de su bolsillo. Las residencias son impagables o decadentes. Y cuando el modelo disponible es únicamente la cuidadora individual de tiempo completo, muchas necesidades quedan sin respuesta y los costos se vuelven inmanejables para todos.

Lo que hace falta es lo mismo que tardamos décadas en construir para el cuidado de los chicos: un sistema con múltiples actores, con opciones públicas y privadas, con dispositivos comunitarios, con financiamiento compartido entre Estado, obras sociales, sindicatos y empresas. No todos haciendo lo mismo. No todos pagando lo mismo. Pero todos formando parte de una red que permita que las personas mayores que necesitan ayuda puedan conseguirla sin tener que convencer primero a un juez de que están enfermas.

Especialistas proponen un sistema articulado entre el Estado, sindicatos, empresas y obras sociales para financiar la atención de las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de cada solución aparece también otra mujer —la cuidadora— que necesita capacitación, salario digno, aportes y reemplazo cuando se enferma. El trabajo de cuidar a las personas mayores no va a desaparecer con ningún sistema. Lo que puede cambiar es quién lo hace, con qué condiciones y quién lo paga.

En los expedientes judiciales esa conversación ya empezó. Una familia describe todo lo que una madre ya no puede hacer sola. Una empresa responde que existe una hija. Un médico prescribe horas de asistencia. Un juez decide si corresponde pagarlas. Cada uno discute un caso individual, pero entre todos están escribiendo las primeras páginas de un problema colectivo.

La medicina consiguió que millones de personas lleguen a edades que hace pocas décadas eran excepcionales. Ahora falta construir alrededor de esos años algo bastante menos espectacular que una nueva droga: una red que permita habitarlos.

Por ahora, una parte de esa red se está diseñando amparo por amparo.

Gabriela Cerruti es escritora y periodista especializada en nueva longevidad. Autora de La Revolución de las Viejas.